A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, compartimos un documento emitido por la Comisión Directiva de nuestro colegio en pleno contexto de la última dictadura, el cual también fue firmado por muchos colegiados, quienes con su adhesión personal fortalecieron este reclamo institucional en un momento de extrema fragilidad democrática.
En este escrito se exigía la normalización institucional del país, el restablecimiento del Estado de Derecho y la plena vigencia de las garantías constitucionales, al tiempo que se ponía en valor la función esencial de la abogacía en la defensa de los derechos y las libertades.
No se trató de una manifestación más. Fue, en ese tiempo oscuro, un acto de coraje cívico y de integridad profesional. Cuando el silencio era la regla, cuando el miedo condicionaba incluso las expresiones más elementales, hubo colegas que eligieron asumir el riesgo y dejar testimonio. Lo hicieron no desde la comodidad, sino desde la convicción profunda de que el derecho no puede subsistir sin instituciones legítimas, ni la abogacía puede renunciar a su deber de defensa frente a los abusos del poder.
Ese documento expresa, con sobriedad pero con firmeza, una toma de posición clara en favor de la legalidad, de la República y de la dignidad humana. En él se advierte una comprensión cabal del rol del abogado, no como un mero operador técnico, sino como un actor imprescindible en la preservación del orden jurídico y en la protección de los derechos fundamentales.
Hoy, al cumplirse 50 años, reivindicamos esa historia de integridad y renovamos nuestro compromiso con la democracia, el derecho y la libertad.