El Colegio de la Abogacía de Viedma, junto a otros 25 Colegios de Abogados de distintos puntos del país, impulsó a comienzos de este año la primera medida cautelar autónoma destinada a cuestionar dos disposiciones de la reforma laboral que afectan directamente el ejercicio profesional.
📌 ¿Qué normas se cuestionaron?
🔹 Artículo 20 de la LCT: establece un régimen de responsabilidad solidaria para el/la abogado/a ante supuestos de pluspetición. A diferencia del régimen anterior, que exigía acreditar temeridad, malicia o inexcusabilidad, la reforma introduce un criterio objetivo basado en el monto reclamado.
🔹 Artículo 277 de la LCT: habilita el pago de honorarios profesionales en cuotas, trasladando al abogado/a las consecuencias económicas de su financiamiento.
¿Por qué se cuestionan estas disposiciones?
Porque comprometen el carácter alimentario de los honorarios, el derecho de propiedad (art. 17 de la Constitución Nacional), la independencia técnica del ejercicio profesional y el acceso a la justicia. Asimismo, plantean cuestionamientos vinculados con las competencias procesales reservadas a las provincias (art. 121 de la Constitución Nacional).
⚖️ ¿Qué resolvió la Justicia?
La resolución dispuso:
▪️ La suspensión inmediata del artículo 10 de la Ley 27.802 y el mantenimiento de la vigencia del artículo 20 de la Ley 20.744 conforme a su redacción anterior a la reforma.
▪️ La suspensión del artículo 56 de la Ley 27.802, con aplicación del artículo 277 de la Ley 20.744 según el texto ordenado por el Decreto 390/76.
📣 La medida cautelar constituye un avance en la defensa del ejercicio profesional. Sin embargo, aún nos encontramos a la espera de obtener un pronunciamiento definitivo sobre la inconstitucionalidad de estas disposiciones con alcance para todos/as los/as abogados/as matriculados/as del país.